EEUU prepara acusación contra Raúl Castro mientras la Unión Europea exige cambios al régimen
Washington alista cargos penales contra el expresidente cubano por el derribo de aviones de Hermanos al Rescate en 1996. Bruselas, por su parte, avanza en la revisión de su acuerdo de cooperación con La Habana ante la falta de avances en derechos humanos. Cuba rechaza “toda injerencia extranjera” y llama a celebrar el cumpleaños 95 de Raúl Castro.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara un anuncio formal en Miami que podría incluir la imputación penal contra Raúl Castro, vinculado al derribo de dos aviones de la organización Hermanos al Rescate en febrero de 1996, un episodio que dejó cuatro muertos y marcó un punto de no retorno en las relaciones entre ambos países.
La movida judicial se enmarca en una estrategia de presión máxima de la administración Trump, que ha endurecido sanciones económicas y señalado a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional. Marco Rubio, secretario de Estado, aseguró que Washington busca “una nueva Cuba”, pero directamente con el pueblo, no con el aparato militar-empresarial GAESA que, según denunció, controla la economía de la isla.
Desde La Habana, el gobierno de Miguel Díaz-Canel respondió con un mensaje de resistencia: rechazó “toda forma de injerencia extranjera”, calificó las sanciones de “ilegales y abusivas” y convocó a la población a celebrar el 3 de junio el cumpleaños 95 de Raúl Castro, en un acto de reafirmación política interna.
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La Unión Europea cambia de tono
Mientras el pulso entre Washington y La Habana se intensifica, Bruselas ha dado un giro significativo. El Parlamento Europeo aprobó en enero de 2026 una enmienda —con 331 votos a favor— que reconoce que Cuba incumple “de forma sistemática” los principios democráticos y de derechos humanos que la UE defiende en su acción exterior. El bloque comunitario ha iniciado la revisión formal del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA), firmado en 2016, tras una década sin avances tangibles en libertades civiles. Activistas cubanas como Carolina Barrero y Amelia Calzadilla han pedido en Bruselas la suspensión del acuerdo y sanciones individuales contra responsables del aparato represivo.
La revisión podría implicar la pérdida para Cuba de un canal institucional clave con Occidente, afectando cooperación técnica, proyectos de desarrollo y su capacidad de legitimación en foros internacionales. La cláusula de derechos humanos del PDCA permite su suspensión en casos de “especial urgencia”, un mecanismo que la sociedad civil lleva años reclamando.
Un tablero geopolítico en movimiento
La convergencia de presiones desde Washington y Bruselas coloca al gobierno cubano en una encrucijada sin precedentes. Mientras Díaz-Canel moviliza a los Comités de Defensa de la Revolución para “defender la soberanía”, la crisis económica interna —con apagones, escasez y éxodo masivo— erosiona la base social del régimen.
La posible acusación contra Raúl Castro, sumada a la revisión europea y al endurecimiento de sanciones, dibuja un escenario de aislamiento creciente. La pregunta que queda abierta es si esta presión coordinada logrará abrir grietas en la estructura de poder o, por el contrario, reforzará la narrativa de “cerco imperial” que históricamente ha utilizado el castrismo para cohesionar a su base.
La respuesta, como siempre en Cuba, dependerá de factores que trascienden los despachos de Washington y Bruselas: la capacidad de resistencia de la población, la evolución de la crisis económica y la habilidad del régimen para negociar supervivencia sin ceder control.
