El caso Zapatero: una trama de influencias, millones y vínculos con Venezuela
José Luis Rodríguez Zapatero se convierte en el primer expresidente del Gobierno de España en ser imputado por un delito de corrupción. La Audiencia Nacional le atribuye liderar una trama que habría canalizado cerca de dos millones de euros a su entorno, con ramificaciones financieras vinculadas a operaciones de origen venezolano. Comparecerá ante el juez el 2 de junio.
Redacción internacional, 20 de mayo 2026
La instrucción judicial ha puesto bajo lupa la figura del expresidente del Gobierno en una causa que trasciende lo político para adentrarse en la arquitectura de una supuesta red de lobby, financiación opaca y conexiones transatlánticas. El magistrado José Luis Calama ha dado por acreditados, a efectos de investigación, indicios suficientes de una “trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente y liderada” por el exmandatario socialista.
El epicentro de la causa es el rescate público de 53 millones de euros autorizado en 2021 para la aerolínea Plus Ultra. Según los documentos de la instrucción, parte de esos fondos habrían sido desviados mediante comisiones irregulares. El auto detalla que Zapatero y personas de su círculo habrían recibido presuntamente 1,95 millones de euros por gestiones que, según la Fiscalía Anticorrupción, excedían los cauces legales de la intermediación política. La trama, según se desprende de la documentación incautada, habría operado a través de consultoras pantalla y estructuras societarias diseñadas para diluir la trazabilidad del dinero.
El hilo conductor de la investigación apunta directamente a Venezuela. Los investigadores trabajan con indicios de que parte de los fondos podría estar vinculada a operaciones ligadas a PDVSA, al comercio de oro venezolano y a programas estatales como los CLAP. La Audiencia Nacional examina si el rescate de la aerolínea sirvió como vehículo para mover capitales presuntamente ilícitos a través de canales financieros internacionales, aprovechando la proximidad política y la red de contactos del expresidente con el chavismo.
Paralelamente, el foco judicial se ha extendido al núcleo familiar. La agencia de comunicación Whathefav, fundada por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero, aparece en el centro del escrutinio. El juez ha identificado ingresos por 239.755 euros procedentes de la trama en las cuentas de la firma, lo que ha motivado la ampliación de la investigación a la estructura empresarial vinculada a la familia. Zapatero admitió ante el Senado haber gestionado oportunidades laborales para sus hijas en una consultora relacionada con el caso, pero negó que existiera irregularidad alguna.
Zapatero y sus “mediaciones” con Venezuela
Frente a las acusaciones, el expresidente ha mantenido una línea de defensa frontal y categórica. En sus comunicaciones a la justicia y en declaraciones públicas, ha negado “rotundamente” haber intervenido en el rescate de Plus Ultra o haber percibido “ni un solo euro” por su labor de mediación en Venezuela. “Jamás he realizado ninguna gestión en relación con ese rescate”, afirmó, calificando de “absoluta patraña” las imputaciones y defendiendo su trabajo diplomático como un servicio desinteresado al diálogo y la estabilidad regional.
En la acusación también se detalla que la red de influencias liderada por José Luis Rodríguez Zapatero no se limitó a gestionar el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El magistrado José Luis Calama expresa en el oficio de imputación que la oficina del ex presidente en la calle Ferraz 35 actuaba también como puerta de entrada obligatoria para que empresarios chinos vinculados al Partido Comunista accedieran al mercado petrolero venezolano controlado por Delcy Rodríguez.
Es fundamental subrayar que la investigación se encuentra en fase de instrucción. La imputación es una medida procesal que permite avanzar en la recopilación de pruebas, no una declaración de culpabilidad. La presunción de inocencia rige en todo momento, y la carga de la prueba recae exclusivamente en la acusación. No obstante, el auto judicial ha sentado las bases de una causa compleja que requerirá ser acreditada o desvirtuada mediante peritajes financieros, testimonios y documentación contractual.
La citación del 2 de junio marcará un punto de inflexión en un proceso que ya ha removido los cimientos de la política española. Más allá de los nombres y las cifras, el caso plantea una pregunta estructural: dónde termina la diplomacia oficiosa y dónde comienza la instrumentalización del poder político para beneficio privado. La respuesta, por ahora, solo la tienen los tribunales.
Rufián, Sánchez y Zapatero
La imputación ha sacudido la ya frágil arquitectura parlamentaria que sostiene al Ejecutivo. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, resumió la encrucijada en una frase cruda: “Estoy jodido. Si esto es verdad, es una mierda; si es mentira, es una mierda aún mayor”.
El diputado republicano, quien ha reconocido sentir “enorme respeto y afecto” por Zapatero, lanzó un mensaje directo a Pedro Sánchez: “Esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda, lejos de zanjar la crisis, sus palabras reflejan la tensión entre la lealtad política y la exigencia de respuestas ante un auto judicial que, según admitió el propio Rufián, “merece una respuesta”, “¿dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias?”.
La respuesta del presidente Pedro Sánchez fue descarnada y casi cínica ante la imputación de Zapatero: “el Ejecutivo ya envió a la Cámara un proyecto de ley para regular las actividades de los grupos de influencia que está a la espera de que los partidos reactiven su tramitación”.
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