Consejo de Estado frena el ‘apetito’ del gobierno Petro por los $5 billones de las AFP

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Bogotá, mayo de 2026. El Consejo de Estado suspendió de manera temporal el traslado de 5 billones de pesos que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) debían girar a Colpensiones en los próximos días, dejando en pausa la ejecución del Decreto 415 de abril de 2026 que ordenaba mover un total de 25 billones desde el régimen privado al público.

La decisión judicial responde a una serie de demandas y medidas cautelares presentadas por Asofondos y ciudadanos, que alertaron sobre los riesgos de ejecutar transferencias masivas en plazos tan cortos sin un análisis previo de sostenibilidad. Andrés Velasco, presidente del gremio de las AFP, había solicitado extender la suspensión que ya cobijaba los primeros 20 billones a los 5 billones restantes, advirtiendo que “mal haríamos en trasladarlos” sin claridad jurídica.

El capítulo suspendido del decreto ordenaba el traslado inmediato de los ahorros de ciudadanos que ya cambiaron de régimen pero que aún no cumplen los requisitos de edad y semanas para pensionarse. Según Velasco, estos recursos corresponden a aproximadamente 20.000 personas que ya están recibiendo mesada pensional en Colpensiones, y cuyo capital representa los 5 billones ahora bajo reserva judicial.

Con esta medida cautelar, Colpensiones no recibirá por el momento los fondos solicitados, mientras el Consejo de Estado evalúa el fondo de las demandas. El fallo pone en pausa un componente clave de la reforma pensional en marcha y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la viabilidad financiera y la protección de los ahorros de los colombianos.

Se espera que en las próximas semanas la justicia administrativa defina si levanta, modifica o mantiene la suspensión, una decisión que podría impactar la planeación financiera de ambas administradoras y, sobre todo, la certeza de miles de afiliados que esperan una respuesta clara sobre el futuro de su pensión.

Las críticas a Asofondos tras el bloqueo de traslado se intensifican por haber acordado comisiones elevadas en medio de la reforma pensional: detractores señalan que el gremio blindó sus ingresos justo cuando se definía el nuevo sistema, priorizando la rentabilidad privada sobre el ahorro de los afiliados. Para el gobierno y sectores sociales, mantener tarifas altas durante una transición que promete reducir costos al trabajador contradice el espíritu de la reforma y genera dudas sobre si los recursos se gestionan con eficiencia o simplemente alimentan márgenes del sector privado

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