¿Quién mató realmente al periodista Mateo Pérez?
Bogotá, 10 de mayo de 2026
Mateo Pérez Rueda, de 25 años, periodista y director de El Confidente de Yarumal, fue asesinado en zona rural de Briceño, Antioquia, mientras intentaba entrevistar a alias ‘Primo Gay’, cabecilla del Frente 36 de las disidencias. Su cuerpo fue recuperado días después por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo.
El hecho plantea un interrogante que duele: ¿por qué fue necesaria la intervención de un organismo internacional para recuperar el cuerpo de un ciudadano colombiano en territorio nacional?
La respuesta incómoda es que entre la desidia de las autoridades locales, el Ejército, la Policía y la Presidencia de la República, se ha claudicado ante los violentos. La política de Paz Total ha demostrado ser,en la práctica, un mecanismo de alianzas territoriales que prioriza la construcción de una estructura de votantes sobre la seguridad ciudadana. Los hechos demuestran que, bajo este esquema, la delincuencia organizada tiene permiso implícito para mandar y matar. El caso de Mateo lo demuestra. La recuperación de su cuerpo por parte del CICR lo ratifica.
Mateo solicitó acompañamiento a autoridades locales antes de desplazarse a la zona de riesgo. Su petición fue desatendida. Se le recomendó no ir, pero el joven periodista decidió seguir por convicción profesional. Nadie lo acompañó, nadie lo orientó, nadie le dijo nada, como denunció su padre Carlos Pérez.
La indefensión no es casualidad: es política de Estado
El presidente Petro y el senador Iván Cepeda, su candidato a sucederlo, han decretado con sus acciones que la negociación con grupos armados está por encima de la protección a periodistas en regiones enteras desprotegidas y dejadas a la suerte.
Cepeda ha condenado el asesinato en plaza pública, pero al mismo tiempo anuncia que hará lo mismo que Petro con respecto a mantener mesas de diálogo inocuas que han servido para: sumir al país en un clima de violencia que creíamos haber superado, pero que paradójicamente resulta necesario para que sobreviva su proyecto político que se alimenta más que nada de víctimas. Antes decían “víctimas del Estado”; ahora el Estado son ellos, y es peor la cosa.
El engranaje de la complicidad con ‘Calarcá’
Según investigaciones de Noticias Caracol y La Silla Vacía, archivos incautados a alias ‘Calarcá’ mencionan a Wilmar Mejía como presunto enlace entre disidencias y sectores del Estado. Los documentos señalan que se habrían compartido códigos de frecuencias radiales del Ejército, información sobre operativos militares y facilitación de movilidad para miembros con orden de captura. Mejía pasó en tiempo récord de ser un licenciado en educación física a convertirse en un activista del Pacto Histórico que llegó al corazón de la inteligencia colombiana y al tiempo ser delegado presidencial en el consejo directivo de la Universidad de Antioquía. Investigaciones periodísticas han señalado como en celulares y equipos electrónicos existen pruebas que lo relacionan con el poderoso disidente Alexander Díaz Mendoza, más conocido por su alias de ‘Calarca’.
Lo más grave: Mejía pasó de manejar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) a manejar la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero). Es decir, si antes presuntamente les pasaba datos operativos a los grupos armados, ahora podría ayudarlos con sus finanzas y, por supuesto, con las de sus rivales de patio. Sería un engranaje perfecto de cooperación y complicidad.
El presidente Petro ha defendido públicamente toda la negociación con ‘Calarcá’ he incluso se atreve a desligarlo del asesinato del periodista Mateo Pérez, no importa cuantos muertos siga dejando en el camino este proceso o si bien sean civiles, policías o militares.
Mientras tanto, analistas de seguridad advierten que la Paz Total carece de una política de seguridad paralela que contenga el avance de estructuras criminales, permitiendo que las disidencias fortalezcan su control territorial sin contrapeso institucional. Ahora, todo indica que la situación antes de las elecciones de este 31 de mayo sea de un caos impensable para muchos, asesinatos y amenazas lo evidencian y permiten analizar. Por eso un grupo como el de ‘Calarca’ se atreve a sacar un comunicado donde no niega el homicidio del periodista pero afirma que sí ocurrió “no fue autorizado”. Léanlo uds mismos.
La Defensoría del Pueblo, ente encargado de proteger los derechos ciudadanos, participó en la recuperación del cuerpo de Mateo junto al CICR. Pero su capacidad preventiva fue nula: no hubo escolta ni ruta segura para un periodista que notificó su desplazamiento de alto riesgo. La respuesta fue reactiva (recuperación del cuerpo), no preventiva (protección de la vida).
La muerte de Mateo Pérez debe tomarse como la prueba del fracaso de un gobierno que busca reelegirse para hacer lo mismo o peor.
- Responsabilidad directa: Las disidencias del Frente 36 que ejecutaron el homicidio.
- Responsabilidad estructural: Un Estado que no garantizó protección, negocia sin desmantelar, nombra en cargos sensibles a funcionarios señalados y depende de organismos internacionales para cumplir funciones básicas de soberanía.
“No se mata la verdad”, reclamaron periodistas. Pero la verdad también se asesina cuando se permite que la impunidad se institucionalice.
Mateo Pérez murió buscando una explicación a la violencia. La pregunta que nos deja es: ¿quién explicará su muerte? Mientras tanto, el proyecto político de la Paz Total sigue cobrando víctimas, y el Estado que debería protegerlas es ahora el que las produce.
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