Mateo Pérez: La crónica de una muerte anunciada en la Colombia de la “Paz Total”
Por: Redacción política | www.el7.news
Bogotá — Mayo 8 de 2026
Carlos Pérez, comerciante respetado en Yarumal, vio partir a su hijo la mañana del lunes 5 de mayo. Eran las 8:00 a.m. cuando Mateo, con su chaqueta de periodista, su libreta y esa terquedad que lo caracterizaba, le dijo: “Voy a Briceño, papá. Hay consejo de seguridad, el área está militarizada. No hay peligro”.
Carlos, padre y conocedor del territorio, le rogó: “No vayas, mijo. Eso está muy caliente”.
Mateo mintió. No por maldad, sino por amor: para no asustar al viejo. Sabía que en la vereda Palmichal, en las entrañas de Briceño, el Frente 36 de las disidencias de las FARC escribe la ley con fusiles. Sabía que allí la “Paz Total” del gobierno Petro es un eufemismo que se desmorona entre minas ilegales, extorsiones y fosas clandestinas.
Y aun así, partió. Porque Mateo Pérez Rueda, de 25 años, director de El Confidente, no era periodista de escritorio. Era de los que huelen la pólvora para contar la verdad.
I. El joven que vendía jugos para financiar la verdad
Mateo no esperaba subsidios estatales ni becas internacionales. Para mantener su independencia, instaló un puesto de jugos en el garaje de su casa en el centro de Yarumal. Con esa humildad financiera, construyó un medio digital que denunciaba lo que otros callaban: malversación de recursos públicos, alianzas oscuras entre políticos y grupos armados, y el silencio cómplice de las instituciones.
Estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Medellín, poeta en sus ratos libres, hijo de una maestra próxima a pensionarse y de un comerciante honrado, Mateo encarnaba una generación que creyó que el periodismo podía ser un antídoto contra la impunidad.
“Él iba donde estaba la noticia, donde estaba el conflicto”, recuerda Jorge Rueda, su primo y también periodista. “Era de la vieja guardia: sin miedo, sin filtros”.
Hace dos años, tras recibir amenazas, reportó su caso ante la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Nadie le ofreció esquemas de protección. Nadie le dijo: “Mateo, esto no es un juego”. Porque en Colombia, ser periodista en zona de conflicto no es una profesión: es una sentencia.
II. La ruta hacia el abismo
El martes 5 de mayo, Mateo llegó a Briceño. Buscó a funcionarios de la Policía, del hospital, de la Personería. En todos los sitios, la advertencia fue unánime: “No salga del casco urbano. Ni siquiera nosotros tenemos garantías en la ruralidad”.
Pero Mateo tenía una misión: documentar los combates entre el Ejército y el Frente 36, esa estructura disidente que, bajo la sombra de las negociaciones de “Paz Total”, ha fortalecido su control territorial mediante el narcotráfico, la minería ilegal y el reclutamiento forzado.
Subió a su motocicleta. Tomó la carretera hacia la vereda Palmichal. En el sector conocido como El Hoyo, testigos presenciales —campesinos que prefieren el anonimato por miedo a represalias— vieron cómo un grupo de hombres armados lo interceptó.
Lo bajaron de la moto a la fuerza. Lo sometieron a interrogatorios. Lo golpearon. Y luego, según múltiples versiones coincidentes, lo ejecutaron.
Su cuerpo, dicen, fue enterrado en un sitio remoto, lejos de miradas indiscretas. Su motocicleta, su billetera, sus llaves y su celular aparecieron abandonados a un lado de la vía, violentados, como trofeos de una guerra que el Estado finge no ver.
“Mateo salió de nuestra casa desde el día lunes y aún no tenemos ninguna noticia de él. Necesitamos recuperarlo”, suplicaron Carlos Pérez y Gloria Rueda en un video que recorrió redes sociales. Sus palabras, cargadas de esperanza y desesperación, son el retrato de miles de familias colombias que esperan respuestas en un país donde la justicia tiene coordenadas borrosas.
Jorge Rueda, su primo, ha coordinado con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) gestiones para recuperar el cuerpo. Pero hay un muro invisible: “Ni el Ejército, ni la Policía, ni la Cruz Roja pueden ingresar a esa zona. Es muy triste que en el país todavía tengamos lugares donde un periodista desaparecido, sabemos dónde está, la comunidad sabe dónde está, y nadie puede ingresar por él”.
La impunidad, en Briceño, no es una excepción. Es la regla.
Mientras la familia de Mateo clama por verdad, el gobierno del presidente Gustavo Petro negocia con las mismas estructuras que, según todas las evidencias, habrían segado su vida. El Frente 36 de las disidencias de las FARC —el mismo que opera en Briceño— es uno de los grupos con los que el Ejecutivo ha intentado avanzar en diálogos de “Paz Total”.
Pero los datos no mienten:
- En 2025, se registraron 1.273 actos terroristas y 559 secuestros atribuidos a grupos en supuesta negociación.
- El informe de la CIDH de abril de 2025 advirtió que el 24% de los medios en zonas de conflicto recibió amenazas para suspender coberturas, y el 35% optó por la autocensura.
- En Antioquia, solo en lo corrido de 2026, han caído 47 soldados y policías en enfrentamientos con disidencias que, paradójicamente, están en “mesas de diálogo”.
Mateo Pérez no murió por casualidad. Murió por ejercer su derecho a informar en un territorio donde la verdad es un delito. Y su muerte es el síntoma de una política pública que, en nombre de la paz, ha terminado legitimando a verdugos. El Presidente Petro en cada trino lo demuestra sin asco.
Reacciones al caso de Mateo Pérez:
- Defensoría del Pueblo: Denunció la desaparición y expresó “profunda preocupación”, pero no tiene capacidad operativa para ingresar a Palmichal.
- FLIP: Emitió alertas tempranas, pero sus recomendaciones rara vez se traducen en protección real.
- Ministro de Defensa, Pedro Sánchez: “No hay nada confirmado. Estamos haciendo todo lo necesario”. Mientras tanto, el reloj corre.
- Procurador Gregorio Eljach: “No tenemos pruebas de que Mateo ya no tenga vida”. Una afirmación que, en contexto, suena a dilación burocrática.
- Gobernación de Antioquia: Ofreció $300 millones de pesos por información que lleve a la captura de Jhon Edison Chalá, alias “Victor Chalá”, cabecilla del Frente 36. Pero las recompensas no detienen balas.
Ninguna autoridad ha podido ingresar a la vereda Palmichal. Ninguna ha garantizado condiciones para una búsqueda humanitaria. Y ninguna ha asumido responsabilidad política por un modelo de “paz” que, en la práctica, ha permitido que grupos armados expandan su poder mientras periodistas como Mateo pagan el precio más alto.
III. Epílogo: La verdad que no se entierra
Mateo Pérez Rueda no era un héroe de ficción. Era un joven de 25 años que creyó que contar la historia podía cambiar el curso de la historia. Su muerte no es un “daño colateral”. Es una consecuencia directa de una estrategia de Estado que prioriza el diálogo con victimarios sobre la protección de víctimas.
Hoy, en Yarumal, el puesto de jugos en el garaje de la familia Pérez sigue cerrado. En Medellín, sus compañeros de la Universidad Nacional guardan silencio. En Briceño, los campesinos que vieron lo ocurrido callan por miedo. Y en Bogotá, los negociadores de la “Paz Total” siguen firmando actas mientras las fosas se multiplican, la suspensión de ordenes de captura a 29 integrantes del Clan del Golfo lo ratifica, los necesitan libres antes de las elecciones presidenciales.
Pero hay algo que ni las balas ni el silencio pueden enterrar: la memoria.
Mateo escribió con tinta y con sangre. Y su última crónica —la de su propia desaparición— es un testimonio imborrable de que, en Colombia, la paz sin justicia no es paz: es complicidad.
